El CTI materializó la captura de cuatro personas, al parecer implicadas, que se presentaron voluntariamente en compañía de sus abogados, luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito del Cartagena expidió, en segunda instancia, órdenes de captura dentro del proceso por posibles irregularidades en contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bolívar,.

Se trata de Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal de la fundación Prociencia; Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera de la fundación; Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, hijos de la citada tesorera, quienes son investigados por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público.

"Este caso que fue priorizado en el año 2016 se relaciona con las posibles anomalías detectadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 del 30 de diciembre de 2014 por valor de $7.818’524.064, suscrito por el Icbf y la Fundación Prociencia, cuya representante legal es Olga Lucía Pérez Gutiérrez", informó la Fiscalía.

Explicaron que el  objeto del contrato era prestar atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015. Sin embargo, se pudo evidenciar, a través de peritajes contables e inspecciones a lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada a los mil quinientos millones seiscientos de pesos ($1.500.000.000).

"Tal apropiación se habría hecho mediante el cobro al Icbf de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades", indicó el ente investigador.

Al parecer fueron creadas a nombre de los hijos de la actual tesorera de la fundación, tres empresas proveedoras de fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la señora en mención, para vender con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al Icbf.

Los posibles implicados habían quedado en libertad en el año 2016, tras la imputación de la Fiscalía por los delitos en mención, porque según la juez de garantías los recursos del contrato no eran dineros públicos. "No obstante, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgador revocó en enero último la decisión de primera instancia contra estas personas y, al proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, ordenó sus respectivas capturas", añade el comunicado de la Fiscalía.